JUAN CAMILO RESTREPO
1. El costoso parto de los montesNo es claro que este gigantesco costo fiscal beneficie en mayor medida a los más pobres pues la mayoría del consumo de gasolina en el país lo hacen los automóviles particulares que, ciertamente, no pertenecen a las gentes más necesitadas. Cuando el precio del barril de crudo tocó los US$130, el gobierno entró en un ataque de nervios. Y era entendible. No sólo se trata de los precios más altos que ha alcanzado el petróleo sino que, como lo señalan todos los observadores, tendremos precios del hidrocarburo por las nubes para largo rato. Cuando el ataque de nervios gubernamental llegó a su paroxismo hubo multitud de anuncios. Se echaron al aire (se notaba que sin mayor estudio) todo tipo de iniciativas. Se dijo que se le iba a suprimir el subsidio al uso del gas vehicular; se amenazó que, de común acuerdo con los alcaldes, se iba a generalizar el “pico y placa” en todos los municipios del país; se anticipó que se estaba considerando la reducción de la sobretasa a la gasolina que hoy reciben departamentos y municipios; se dio a entender que el gobierno estaba listo a sacrificar una parte del producido fiscal que le genera tanto el IVA sobre los combustibles como el llamado impuesto unificado para aliviar la cuenta de quienes tienen la desventura de “tanquear” en las bombas de gasolina por estos días; y, en fin, se llegó a decir que el gobierno estaba considerando subirle los impuestos a las empresas petroleras que tanto ha cortejado para que vengan a Colombia. Nada de esto se hizo finalmente. El gobierno se limitó a decir que había resuelto extender por un año más el plazo para concluir el desmonte de los subsidios a los combustibles. Y que, por lo tanto, esperaba que los incrementos periódicos que se seguirán haciendo no excedieran de $100 por galón. Fue un verdadero parto de los montes. Sólo que en vez de un ratoncito inofensivo nació un verdadero “orangután” fiscal. Aplazar un año más de lo que estaba previsto el cierre de la brecha entre los precios domésticos y los internacionales es la más costosa de todas las fórmulas. En efecto: todo galón de gasolina que se vende en el país por debajo de los precios internacionales genera una obligación legal y cuantificable en virtud de la cual el erario público debe compensar esa diferencia a los refinadores y a quienes participan en la cadena de la distribución de combustibles. Este fue el costo que se asumió a partir del momento en que el presupuesto nacional entró a pagar directamente el subsidio a los combustibles (antes lo hacía Ecopetrol). Y fue, además, condición indispensable para poder vincular capital privado al ensanche de la refinería de Cartagena y a Ecopetrol. Según cálculos que reseñó recientemente Armando Montenegro, aplazar un año el desmonte de los subsidios puede tener un costo para el erario nacional del orden de $3,8 billones(cerca de un pinto del PIB). Y si el precio de referencia sigue ascendiendo en los mercados internacionales, la factura para el presupuesto nacional será inexorablemente mayor. De otro lado: no es claro que este gigantesco costo fiscal beneficie en mayor medida a los más pobres pues bien sabido está que la mayoría del consumo de gasolina en el país lo hacen los automóviles particulares que, ciertamente, no pertenecen a las gentes más necesitadas de la población colombiana. Como los recursos fiscales no son ilimitados, el gobierno debería poner mucho más cuidado en definir a quién se entregan subsidios fiscales. Ya no podrá seguir siendo a quien más aplauda en los consejos comunales o en las asambleas gremiales. Ni podrá continuar con la regresiva fiesta de los privilegios tributarios desmesurados -fiesta promovida con entusiasmo por el actual gobierno- que han terminado favoreciendo a los más opulentos de la sociedad. Es urgente hacer una pausa y plantear una pregunta elemental pero fundamental: ¿a quién deben otorgársele subsidios fiscales en Colombia? Este costoso parto de los montes de los combustibles debería servir para responder con más sindéresis la pregunta planteada.2. Las muertes de la reforma políticaLa reforma política lleva seis años muerta. Acaba de morir de nuevo. Y muy probablemente fallecerá otra vez. El siete de agosto del 2002 a las cinco de la tarde se radicó el famoso referendo que fue rechazado por las mayorías ciudadanas requeridas. En vez de limitarse a unas pocas y grandes reformas para purificar la manera de hacer la política en Colombia, se transmutó en un abigarrado vademécum de más de 20 preguntas varias de ellas ininteligibles. Y gran parte de las cuales nada tenían que ver con la depuración de las costumbres políticas. Después -en el 2004- se aprobó una reforma política por iniciativa del Congreso y contra el querer del ejecutivo. Este trató por todos los medios de ponerle palos en la rueda. No fue la mejor reforma, pero algo es algo. Y sobre todo: fue lo único que el país ha tenido en materia de reforma política durante los últimos seis años. Digámoslo de nuevo: se aprobó por iniciativa del Congreso y no del Gobierno. Ahora, en un olímpico comunicado de la Casa de Nariño (¡están de moda los comunicados palaciegos!) se desconceptuó dicha reforma tratándola de “mezquina”. Sin embargo, el gobierno no movió un dedo en su momento para mejorarla. Después, sin que el gobierno se diera cuenta (lo cual es increíble pues se trataba de una reforma constitucional que requería de ocho debates en dos legislaturas diferentes), se aprobó una enmienda constitucional según la cual las mociones de censura pueden ser promovidas por cualquiera de las dos cámaras. El gobierno se rasga las vestiduras diciendo que tal reforma la aprobó el Congreso contra su opinión. No fue así. La aprobó porque el gobierno no se dio siquiera cuenta de que se estaba tramitando y fue sólo tardíamente cuando salió a objetarla. En muchas ocasiones (más para salvar apariencias que por otra razón) ha dicho que si hay reelección presidencial debe haberla también para gobernadores y alcaldes. Pero nunca movilizó con firmeza sus fuerzas parlamentarias para hacer realidad ese propósito manifestado entredientes como para que constara en el récord. Y vino el sainete final. Cuando estalla el escándalo de la parapolítica que salpica en mayor grado a la coalición gobiernista que a las demás formaciones políticas, la Casa de Nariño se apresura a decir que ahora sí hay que hacer una reforma política que empezó a discutirse en la última legislatura. Pero en mitad de camino se dan cuenta que la famosa “silla vacía” va a perjudicar a las mayorías gobiernistas, pues es allí donde mayor cantidad de parlamentarios han resultado salpicados. Se da entonces la vergonzosa contramarcha. Se ordena a los amigos votar en contra de la reforma o desaparecer del recinto para desbaratar el quórum. El objetivo se cumple y la reforma política de la “silla vacía” -propuesta originalmente por un gobierno embarazado por la parapolítica que lo ronda- muere por inanición. Se salvaron las mayorías gobiernistas pero al alto costo de mantener unas sillas espurias. Por último se convoca a una comisión de notables. Ojalá tengan éxito. Pero sobre todo: ojalá cuando presente sus recomendaciones éstas no queden ignoradas pues -para ese entonces- ya se estará comenzando a discutir una reforma constitucional que interesará mucho más al gobierno: la que llama a un referendo para permitir la segunda reelección presidencial.3. El pensamiento económico de Carlos LlerasEl tema cafetero resulta consustancial al Carlos Lleras economista porque desde la primera época, comprendiendo su importancia en el tejido social colombiano, tuvo una compenetración intensísima con la problemática cafetera. Con motivo del centenario del nacimiento del ex presidente Carlos Lleras Restrepo se ha publicado un importante libro de Gabriel Rosas Vega titulado “El pensamiento económico de Carlos Lleras Restrepo” cuyo prólogo tuve el honor de preparar. Su lanzamiento tuvo lugar la semana pasada en la fundación Santillana. El estudio de Rosas Vega se inicia cuando Carlos Lleras Restrepo comienza sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional contando apenas dieciséis años. En aquella época no existían facultades de Ciencias Económicas y por lo tanto economistas profesionales. Existían conocedores de las Finanzas Públicas normalmente pertenecientes a la Disciplina Jurídica. Y esto fue Carlos Lleras toda su vida. Un hacendista a carta cabal formado en la ciencia jurídica pero especializado en las lecturas financieras y en los afanes económicos de su actividad política. Siempre lo unió una estrecha amistad con Don Esteban Jaramillo a cuya defensa dedicó su primer discurso en la Cámara de Representantes. Muy joven aún, de 24 años, ocupa la Secretaría de Gobierno de Bogotá en 1930 y entre septiembre del 33 y agosto del 34 lo vemos desempeñándose como Secretario de Gobierno de Cundinamarca. En esta época va a nacer una de las preocupaciones principales de Carlos Lleras: el tema agrario. Poco después, entre los años 34 y 35, lo vemos irrumpir en la Cámara de Representantes en lo que iba a constituir una de sus más importantes experiencias económicas y políticas: participar como ponente principal de la gran reforma tributaria que se presentó en 1935 recién inaugurada la primera administración López Pumarejo. Inspirado en los ideales que motivaron la creación de las “Sociedades Económicas de Amigos del País” durante la ilustración borbónica en España, Carlos Lleras crea la Sociedad análoga en Colombia en octubre de 1956. La Sociedad Económica Amigos del país se convirtió desde entonces en una cátedra abierta y en la trinchera de su pensamiento económico y social. El lector encuentra en este libro un amplísimo análisis sobre cuáles fueron las razones que distanciaron, más allá de los aspectos anecdóticos, al doctor Carlos Lleras del Fondo Monetario Internacional durante los primeros meses de su gobierno. El Fondo quería que se decretara de un cuajo un proceso devalucionista; eliminando abruptamente toda la estructura de cambios múltiples que había heredado el Gobierno de Carlos Lleras del anterior; e imponiendo una tasa de cambio más alta. Lleras no creía en las devaluaciones masivas sino en los procesos cambiarios graduales. Como en efecto se hizo. Esta fue la génesis del célebre decreto 444 de 1967. El tema cafetero resulta consustancial al Carlos Lleras economista porque desde la primera época, comprendiendo su importancia en el tejido social colombiano, tuvo una compenetración intensísima con la problemática cafetera. Como Ministro de Hacienda de la administración Santos fue el arquitecto del Fondo Nacional del Café. Hablándonos del café nos dice el autor que “Lleras Restrepo lo estudió, lo trató, lo desarrolló en normas, y además, lo defendió en todos los foros tanto nacionales como internacionales, con gran vigor”. Quien quiera entender la manera como se formó la fisonomía económica del país a lo largo del siglo XX tendrá necesariamente que referirse a lo que fue la vida y obra de Carlos Lleras Restrepo y a sus inmensos aportes en la formación de la institucionalidad económica de Colombia. Vida y obra excelentemente compendiadas en este libro de Gabriel Rosas que en buena hora se publica como uno de los actos conmemorativos del centenario del ilustre estadista.4. Los micos regionalesEl actual gobierno que posó en un comienzo como el ángel exterminador de todas las malas costumbres del clientelismo presupuestal ha demostrado ser su más experto ejecutor.Durante la aprobación del último plan cuatrienal de desarrollo (2006-2010) hubo una feria de micos regionales. Los parlamentarios, como fieras hambrientas, incluyeron más de cien proyectos de inversiones de todos los pelambres sin contar con el aval gubernamental. Y, por supuesto, sin que hubiera certeza de la existencia de recursos para financiarlas.El gobierno dejó durante el debate una tibia constancia diciendo que no había certeza de los recursos que requeriría la ejecución de dichas obras. Y que ellas sólo podrían financiarse si se llegaran a presentar excedentes a lo largo de la ejecución del plan. Fue una manera sibilina de salvar las formas jurídicas sin enfrentar de manera rotunda las disparatadas aspiraciones parlamentarias.Afortunadamente la Corte Constitucional (a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que instauró el senador Camilo Sánchez) acaba de decretar la inexequibilidad del artículo 129 de la ley 1151 de 2007 en donde se había incluido el listado de tan disparatadas y desfinanciadas inversiones regionales.El fallo es muy importante pues, en primer lugar, reivindica el espíritu genuino de lo que son las inversiones que se pueden incluir en los planes de desarrollo. El artículo 339 de la Constitución es muy claro al respecto: la ley del plan sólo podrá contener “los principales programas y proyectos de inversión pública”. Los planes de desarrollo no están pensados para contener misceláneas de obritas regionales detrás de las cuales siempre aparecen las grandes orejas de los conejos clientelistas.Pero además: toda inversión que se inscriba en un plan de desarrollo debe contener “la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”. Y cualquier inclusión por los parlamentarios de “proyectos de inversión no contemplados en él requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional”, agrega el artículo 341 de la Constitución Nacional.Esta sentencia de la Corte debería servir para volverle a dar seriedad tanto a las leyes que recogen cada cuatro años los planes de desarrollo como a los presupuestos anuales de la Nación. Unas y otros se han convertido últimamente en un nido de componendas clientelistas.Desde el presupuesto Nacional, por ejemplo, el Gobierno nacional viene repartiendo cada año partidas que no son otra cosa que auxilios regionales encubiertos dizque para financiar carreteritas regionales; se hacen también “consejos comunales” de donde salen los listados de profusas inversiones regionales por un billón de pesos cuatrienales para ser ejecutadas durante la vigencia de los planes de desarrollo. Su propósito es siempre el mismo: alimentar apetitos politiqueros y mantener contentos por parte del gobierno a los parlamentarios que a renglón seguido votan sumisos cuanta iniciativa legal les presenta.El actual gobierno que posó en un comienzo como el ángel exterminador de todas las malas costumbres del clientelismo presupuestal ha demostrado ser su más experto ejecutor. Ojalá esta sentencia de la Corte Constitucional sirva para ponerle freno a tan hipócrita práctica.Los redactores de la Constitución del 91 -con Álvaro Gómez a la cabeza- siempre concibieron el Plan de Desarrollo y los presupuestos anuales de inversión como una buena ocasión para que allí se inscribieran única y exclusivamente los proyectos de inversión que, contando con un financiamiento cierto, estuvieran refrendadas por los estudios técnicos que validaran su prioridad estratégica.Esto es lo que acaba de recordar la Corte Constitucional.5. ¿Más operaciones papagayo?No basta con decir que los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos aseguran que las víctimas colombianas de las tenebrosas bandas paramilitares vayan a ser resarcidas. Hay que demostrarlo con hechos. La lógica explicada por el gobierno para extraditar sorpresivamente a trece jefes paramilitares, además de la revelación (que debe creerse por supuesto aunque no ha sido explicada en detalle) de que seguían delinquiendo desde las cárceles colombianas, reposa en la afirmación de que está asegurada la colaboración de las autoridades judiciales norteamericanas. Para que las pruebas y bienes que se recauden en los procesos que se adelanten en los Estados Unidos sirvan para resarcir a las víctimas colombianas del paramilitarismo. En efecto: el presidente Uribe, en su alocución del 13 de mayo, anunció que podrán hacerse presentes representantes colombianos en los juicios que se sigan en Estados Unidos. Y agregó: “los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos”. ¿Pero, en realidad, facilitan estos acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos la transmisión hacia Colombia de las pruebas que allá se recauden? La respuesta es crucial pues ésta es la espina dorsal de la argumentación gubernamental que se esgrimió para justificar las intempestivas extradiciones. Coincidencialmente la víspera de que se anunciaran las extradiciones de los capos paramilitares el periódico “El Tiempo” publicó una cuidadosa crónica preparada por su unidad investigativa titulada “Convivir de enlace bananeros-“paras” querría reencaucharse”. Allí se relatan las vicisitudes que han sufrido las autoridades colombianas para judicializar a las directivas de Chiquita Brands que utilizaron a la tenebrosa convivir “Papagayo” para canalizar sobornos hacia los grupos paramilitares en el Urabá Antioqueño. La trascripción de un trozo textual de esta crónica (aparecida en la edición del 12 de mayo de “El Tiempo”) resulta útil para entender el por qué del temor de que los mecanismos de cooperación judicial con los Estados Unidos están lejos de ser una realidad confiable. “No llega cooperación de Estados Unidos sobre Chiquita Brands, dice la crónica. El silencio de las autoridades judiciales de los Estados Unidos podría dejar en la impunidad el capítulo norteamericano de los pagos de la multinacional Chiquita Brands a los grupos paramilitares de Urabá y Magdalena. Un año y dos meses después de que se anunció un acuerdo entre Chiquita y el departamento de Justicia de los Estados Unidos, que estableció una multa de 24 millones de dólares por apoyo a grupos terroristas en el exterior, las autoridades colombianas no han logrado conocer oficialmente el nombre de los ejecutivos de la multinacional que autorizaron o estuvieron al tanto de esos pagos ilegales. La preocupación de la fiscalía radica en que el proceso se inició en noviembre del 2006 y en seis meses cumplirá dos años, tiempo que tienen los investigadores para armar el caso. Pasado ese lapso, según la ley, si no hay pruebas para acusar individualmente a los presuntos responsables se dictará preclusión. Terminará el proceso y no podría ser reabierto por los mismos hechos. Aunque la Fiscalía envió a través de los canales diplomáticos una carta de asistencia judicial a las autoridades de los Estados Unidos para que suministren los nombres de las personas que durante el 2000 y el 2004 estuvieron dirigiendo la empresa, la información no ha sido entregada. Además el propio Fiscal General Mario Iguarán -concluye la crónica- ha hecho la misma petición en reuniones con funcionarios de ese país”. No basta pues con decir que los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos aseguran que las víctimas colombianas de las tenebrosas bandas paramilitares vayan a ser resarcidas. Hay que demostrarlo con hechos. De lo contrario, vamos a ver muchas más operaciones Papagayo en los meses que vienen.
1. El costoso parto de los montesNo es claro que este gigantesco costo fiscal beneficie en mayor medida a los más pobres pues la mayoría del consumo de gasolina en el país lo hacen los automóviles particulares que, ciertamente, no pertenecen a las gentes más necesitadas. Cuando el precio del barril de crudo tocó los US$130, el gobierno entró en un ataque de nervios. Y era entendible. No sólo se trata de los precios más altos que ha alcanzado el petróleo sino que, como lo señalan todos los observadores, tendremos precios del hidrocarburo por las nubes para largo rato. Cuando el ataque de nervios gubernamental llegó a su paroxismo hubo multitud de anuncios. Se echaron al aire (se notaba que sin mayor estudio) todo tipo de iniciativas. Se dijo que se le iba a suprimir el subsidio al uso del gas vehicular; se amenazó que, de común acuerdo con los alcaldes, se iba a generalizar el “pico y placa” en todos los municipios del país; se anticipó que se estaba considerando la reducción de la sobretasa a la gasolina que hoy reciben departamentos y municipios; se dio a entender que el gobierno estaba listo a sacrificar una parte del producido fiscal que le genera tanto el IVA sobre los combustibles como el llamado impuesto unificado para aliviar la cuenta de quienes tienen la desventura de “tanquear” en las bombas de gasolina por estos días; y, en fin, se llegó a decir que el gobierno estaba considerando subirle los impuestos a las empresas petroleras que tanto ha cortejado para que vengan a Colombia. Nada de esto se hizo finalmente. El gobierno se limitó a decir que había resuelto extender por un año más el plazo para concluir el desmonte de los subsidios a los combustibles. Y que, por lo tanto, esperaba que los incrementos periódicos que se seguirán haciendo no excedieran de $100 por galón. Fue un verdadero parto de los montes. Sólo que en vez de un ratoncito inofensivo nació un verdadero “orangután” fiscal. Aplazar un año más de lo que estaba previsto el cierre de la brecha entre los precios domésticos y los internacionales es la más costosa de todas las fórmulas. En efecto: todo galón de gasolina que se vende en el país por debajo de los precios internacionales genera una obligación legal y cuantificable en virtud de la cual el erario público debe compensar esa diferencia a los refinadores y a quienes participan en la cadena de la distribución de combustibles. Este fue el costo que se asumió a partir del momento en que el presupuesto nacional entró a pagar directamente el subsidio a los combustibles (antes lo hacía Ecopetrol). Y fue, además, condición indispensable para poder vincular capital privado al ensanche de la refinería de Cartagena y a Ecopetrol. Según cálculos que reseñó recientemente Armando Montenegro, aplazar un año el desmonte de los subsidios puede tener un costo para el erario nacional del orden de $3,8 billones(cerca de un pinto del PIB). Y si el precio de referencia sigue ascendiendo en los mercados internacionales, la factura para el presupuesto nacional será inexorablemente mayor. De otro lado: no es claro que este gigantesco costo fiscal beneficie en mayor medida a los más pobres pues bien sabido está que la mayoría del consumo de gasolina en el país lo hacen los automóviles particulares que, ciertamente, no pertenecen a las gentes más necesitadas de la población colombiana. Como los recursos fiscales no son ilimitados, el gobierno debería poner mucho más cuidado en definir a quién se entregan subsidios fiscales. Ya no podrá seguir siendo a quien más aplauda en los consejos comunales o en las asambleas gremiales. Ni podrá continuar con la regresiva fiesta de los privilegios tributarios desmesurados -fiesta promovida con entusiasmo por el actual gobierno- que han terminado favoreciendo a los más opulentos de la sociedad. Es urgente hacer una pausa y plantear una pregunta elemental pero fundamental: ¿a quién deben otorgársele subsidios fiscales en Colombia? Este costoso parto de los montes de los combustibles debería servir para responder con más sindéresis la pregunta planteada.2. Las muertes de la reforma políticaLa reforma política lleva seis años muerta. Acaba de morir de nuevo. Y muy probablemente fallecerá otra vez. El siete de agosto del 2002 a las cinco de la tarde se radicó el famoso referendo que fue rechazado por las mayorías ciudadanas requeridas. En vez de limitarse a unas pocas y grandes reformas para purificar la manera de hacer la política en Colombia, se transmutó en un abigarrado vademécum de más de 20 preguntas varias de ellas ininteligibles. Y gran parte de las cuales nada tenían que ver con la depuración de las costumbres políticas. Después -en el 2004- se aprobó una reforma política por iniciativa del Congreso y contra el querer del ejecutivo. Este trató por todos los medios de ponerle palos en la rueda. No fue la mejor reforma, pero algo es algo. Y sobre todo: fue lo único que el país ha tenido en materia de reforma política durante los últimos seis años. Digámoslo de nuevo: se aprobó por iniciativa del Congreso y no del Gobierno. Ahora, en un olímpico comunicado de la Casa de Nariño (¡están de moda los comunicados palaciegos!) se desconceptuó dicha reforma tratándola de “mezquina”. Sin embargo, el gobierno no movió un dedo en su momento para mejorarla. Después, sin que el gobierno se diera cuenta (lo cual es increíble pues se trataba de una reforma constitucional que requería de ocho debates en dos legislaturas diferentes), se aprobó una enmienda constitucional según la cual las mociones de censura pueden ser promovidas por cualquiera de las dos cámaras. El gobierno se rasga las vestiduras diciendo que tal reforma la aprobó el Congreso contra su opinión. No fue así. La aprobó porque el gobierno no se dio siquiera cuenta de que se estaba tramitando y fue sólo tardíamente cuando salió a objetarla. En muchas ocasiones (más para salvar apariencias que por otra razón) ha dicho que si hay reelección presidencial debe haberla también para gobernadores y alcaldes. Pero nunca movilizó con firmeza sus fuerzas parlamentarias para hacer realidad ese propósito manifestado entredientes como para que constara en el récord. Y vino el sainete final. Cuando estalla el escándalo de la parapolítica que salpica en mayor grado a la coalición gobiernista que a las demás formaciones políticas, la Casa de Nariño se apresura a decir que ahora sí hay que hacer una reforma política que empezó a discutirse en la última legislatura. Pero en mitad de camino se dan cuenta que la famosa “silla vacía” va a perjudicar a las mayorías gobiernistas, pues es allí donde mayor cantidad de parlamentarios han resultado salpicados. Se da entonces la vergonzosa contramarcha. Se ordena a los amigos votar en contra de la reforma o desaparecer del recinto para desbaratar el quórum. El objetivo se cumple y la reforma política de la “silla vacía” -propuesta originalmente por un gobierno embarazado por la parapolítica que lo ronda- muere por inanición. Se salvaron las mayorías gobiernistas pero al alto costo de mantener unas sillas espurias. Por último se convoca a una comisión de notables. Ojalá tengan éxito. Pero sobre todo: ojalá cuando presente sus recomendaciones éstas no queden ignoradas pues -para ese entonces- ya se estará comenzando a discutir una reforma constitucional que interesará mucho más al gobierno: la que llama a un referendo para permitir la segunda reelección presidencial.3. El pensamiento económico de Carlos LlerasEl tema cafetero resulta consustancial al Carlos Lleras economista porque desde la primera época, comprendiendo su importancia en el tejido social colombiano, tuvo una compenetración intensísima con la problemática cafetera. Con motivo del centenario del nacimiento del ex presidente Carlos Lleras Restrepo se ha publicado un importante libro de Gabriel Rosas Vega titulado “El pensamiento económico de Carlos Lleras Restrepo” cuyo prólogo tuve el honor de preparar. Su lanzamiento tuvo lugar la semana pasada en la fundación Santillana. El estudio de Rosas Vega se inicia cuando Carlos Lleras Restrepo comienza sus estudios de Derecho en la Universidad Nacional contando apenas dieciséis años. En aquella época no existían facultades de Ciencias Económicas y por lo tanto economistas profesionales. Existían conocedores de las Finanzas Públicas normalmente pertenecientes a la Disciplina Jurídica. Y esto fue Carlos Lleras toda su vida. Un hacendista a carta cabal formado en la ciencia jurídica pero especializado en las lecturas financieras y en los afanes económicos de su actividad política. Siempre lo unió una estrecha amistad con Don Esteban Jaramillo a cuya defensa dedicó su primer discurso en la Cámara de Representantes. Muy joven aún, de 24 años, ocupa la Secretaría de Gobierno de Bogotá en 1930 y entre septiembre del 33 y agosto del 34 lo vemos desempeñándose como Secretario de Gobierno de Cundinamarca. En esta época va a nacer una de las preocupaciones principales de Carlos Lleras: el tema agrario. Poco después, entre los años 34 y 35, lo vemos irrumpir en la Cámara de Representantes en lo que iba a constituir una de sus más importantes experiencias económicas y políticas: participar como ponente principal de la gran reforma tributaria que se presentó en 1935 recién inaugurada la primera administración López Pumarejo. Inspirado en los ideales que motivaron la creación de las “Sociedades Económicas de Amigos del País” durante la ilustración borbónica en España, Carlos Lleras crea la Sociedad análoga en Colombia en octubre de 1956. La Sociedad Económica Amigos del país se convirtió desde entonces en una cátedra abierta y en la trinchera de su pensamiento económico y social. El lector encuentra en este libro un amplísimo análisis sobre cuáles fueron las razones que distanciaron, más allá de los aspectos anecdóticos, al doctor Carlos Lleras del Fondo Monetario Internacional durante los primeros meses de su gobierno. El Fondo quería que se decretara de un cuajo un proceso devalucionista; eliminando abruptamente toda la estructura de cambios múltiples que había heredado el Gobierno de Carlos Lleras del anterior; e imponiendo una tasa de cambio más alta. Lleras no creía en las devaluaciones masivas sino en los procesos cambiarios graduales. Como en efecto se hizo. Esta fue la génesis del célebre decreto 444 de 1967. El tema cafetero resulta consustancial al Carlos Lleras economista porque desde la primera época, comprendiendo su importancia en el tejido social colombiano, tuvo una compenetración intensísima con la problemática cafetera. Como Ministro de Hacienda de la administración Santos fue el arquitecto del Fondo Nacional del Café. Hablándonos del café nos dice el autor que “Lleras Restrepo lo estudió, lo trató, lo desarrolló en normas, y además, lo defendió en todos los foros tanto nacionales como internacionales, con gran vigor”. Quien quiera entender la manera como se formó la fisonomía económica del país a lo largo del siglo XX tendrá necesariamente que referirse a lo que fue la vida y obra de Carlos Lleras Restrepo y a sus inmensos aportes en la formación de la institucionalidad económica de Colombia. Vida y obra excelentemente compendiadas en este libro de Gabriel Rosas que en buena hora se publica como uno de los actos conmemorativos del centenario del ilustre estadista.4. Los micos regionalesEl actual gobierno que posó en un comienzo como el ángel exterminador de todas las malas costumbres del clientelismo presupuestal ha demostrado ser su más experto ejecutor.Durante la aprobación del último plan cuatrienal de desarrollo (2006-2010) hubo una feria de micos regionales. Los parlamentarios, como fieras hambrientas, incluyeron más de cien proyectos de inversiones de todos los pelambres sin contar con el aval gubernamental. Y, por supuesto, sin que hubiera certeza de la existencia de recursos para financiarlas.El gobierno dejó durante el debate una tibia constancia diciendo que no había certeza de los recursos que requeriría la ejecución de dichas obras. Y que ellas sólo podrían financiarse si se llegaran a presentar excedentes a lo largo de la ejecución del plan. Fue una manera sibilina de salvar las formas jurídicas sin enfrentar de manera rotunda las disparatadas aspiraciones parlamentarias.Afortunadamente la Corte Constitucional (a propósito de una demanda de inconstitucionalidad que instauró el senador Camilo Sánchez) acaba de decretar la inexequibilidad del artículo 129 de la ley 1151 de 2007 en donde se había incluido el listado de tan disparatadas y desfinanciadas inversiones regionales.El fallo es muy importante pues, en primer lugar, reivindica el espíritu genuino de lo que son las inversiones que se pueden incluir en los planes de desarrollo. El artículo 339 de la Constitución es muy claro al respecto: la ley del plan sólo podrá contener “los principales programas y proyectos de inversión pública”. Los planes de desarrollo no están pensados para contener misceláneas de obritas regionales detrás de las cuales siempre aparecen las grandes orejas de los conejos clientelistas.Pero además: toda inversión que se inscriba en un plan de desarrollo debe contener “la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución”. Y cualquier inclusión por los parlamentarios de “proyectos de inversión no contemplados en él requerirá el visto bueno del Gobierno Nacional”, agrega el artículo 341 de la Constitución Nacional.Esta sentencia de la Corte debería servir para volverle a dar seriedad tanto a las leyes que recogen cada cuatro años los planes de desarrollo como a los presupuestos anuales de la Nación. Unas y otros se han convertido últimamente en un nido de componendas clientelistas.Desde el presupuesto Nacional, por ejemplo, el Gobierno nacional viene repartiendo cada año partidas que no son otra cosa que auxilios regionales encubiertos dizque para financiar carreteritas regionales; se hacen también “consejos comunales” de donde salen los listados de profusas inversiones regionales por un billón de pesos cuatrienales para ser ejecutadas durante la vigencia de los planes de desarrollo. Su propósito es siempre el mismo: alimentar apetitos politiqueros y mantener contentos por parte del gobierno a los parlamentarios que a renglón seguido votan sumisos cuanta iniciativa legal les presenta.El actual gobierno que posó en un comienzo como el ángel exterminador de todas las malas costumbres del clientelismo presupuestal ha demostrado ser su más experto ejecutor. Ojalá esta sentencia de la Corte Constitucional sirva para ponerle freno a tan hipócrita práctica.Los redactores de la Constitución del 91 -con Álvaro Gómez a la cabeza- siempre concibieron el Plan de Desarrollo y los presupuestos anuales de inversión como una buena ocasión para que allí se inscribieran única y exclusivamente los proyectos de inversión que, contando con un financiamiento cierto, estuvieran refrendadas por los estudios técnicos que validaran su prioridad estratégica.Esto es lo que acaba de recordar la Corte Constitucional.5. ¿Más operaciones papagayo?No basta con decir que los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos aseguran que las víctimas colombianas de las tenebrosas bandas paramilitares vayan a ser resarcidas. Hay que demostrarlo con hechos. La lógica explicada por el gobierno para extraditar sorpresivamente a trece jefes paramilitares, además de la revelación (que debe creerse por supuesto aunque no ha sido explicada en detalle) de que seguían delinquiendo desde las cárceles colombianas, reposa en la afirmación de que está asegurada la colaboración de las autoridades judiciales norteamericanas. Para que las pruebas y bienes que se recauden en los procesos que se adelanten en los Estados Unidos sirvan para resarcir a las víctimas colombianas del paramilitarismo. En efecto: el presidente Uribe, en su alocución del 13 de mayo, anunció que podrán hacerse presentes representantes colombianos en los juicios que se sigan en Estados Unidos. Y agregó: “los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos facilitan el intercambio de pruebas y la práctica en ese país por parte de las autoridades colombianas. Los Estados Unidos han reiterado sus compromisos”. ¿Pero, en realidad, facilitan estos acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos la transmisión hacia Colombia de las pruebas que allá se recauden? La respuesta es crucial pues ésta es la espina dorsal de la argumentación gubernamental que se esgrimió para justificar las intempestivas extradiciones. Coincidencialmente la víspera de que se anunciaran las extradiciones de los capos paramilitares el periódico “El Tiempo” publicó una cuidadosa crónica preparada por su unidad investigativa titulada “Convivir de enlace bananeros-“paras” querría reencaucharse”. Allí se relatan las vicisitudes que han sufrido las autoridades colombianas para judicializar a las directivas de Chiquita Brands que utilizaron a la tenebrosa convivir “Papagayo” para canalizar sobornos hacia los grupos paramilitares en el Urabá Antioqueño. La trascripción de un trozo textual de esta crónica (aparecida en la edición del 12 de mayo de “El Tiempo”) resulta útil para entender el por qué del temor de que los mecanismos de cooperación judicial con los Estados Unidos están lejos de ser una realidad confiable. “No llega cooperación de Estados Unidos sobre Chiquita Brands, dice la crónica. El silencio de las autoridades judiciales de los Estados Unidos podría dejar en la impunidad el capítulo norteamericano de los pagos de la multinacional Chiquita Brands a los grupos paramilitares de Urabá y Magdalena. Un año y dos meses después de que se anunció un acuerdo entre Chiquita y el departamento de Justicia de los Estados Unidos, que estableció una multa de 24 millones de dólares por apoyo a grupos terroristas en el exterior, las autoridades colombianas no han logrado conocer oficialmente el nombre de los ejecutivos de la multinacional que autorizaron o estuvieron al tanto de esos pagos ilegales. La preocupación de la fiscalía radica en que el proceso se inició en noviembre del 2006 y en seis meses cumplirá dos años, tiempo que tienen los investigadores para armar el caso. Pasado ese lapso, según la ley, si no hay pruebas para acusar individualmente a los presuntos responsables se dictará preclusión. Terminará el proceso y no podría ser reabierto por los mismos hechos. Aunque la Fiscalía envió a través de los canales diplomáticos una carta de asistencia judicial a las autoridades de los Estados Unidos para que suministren los nombres de las personas que durante el 2000 y el 2004 estuvieron dirigiendo la empresa, la información no ha sido entregada. Además el propio Fiscal General Mario Iguarán -concluye la crónica- ha hecho la misma petición en reuniones con funcionarios de ese país”. No basta pues con decir que los acuerdos de cooperación judicial con Estados Unidos aseguran que las víctimas colombianas de las tenebrosas bandas paramilitares vayan a ser resarcidas. Hay que demostrarlo con hechos. De lo contrario, vamos a ver muchas más operaciones Papagayo en los meses que vienen.
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